El debate en torno a la presencia policial en los campus se ha intensificado ante los tiroteos en centros escolares y la tensión racial que desató la trágica muerte de George Floyd. Pero puede resultar sorprendente quiénes apoyan estas intervenciones — y quiénes se oponen a ellas —, ya que sus posturas encontradas revelan la tensión entre las diversas comunidades de Estados Unidos

Nota editorial: Este reportaje es parte de la serie de investigación en curso “Seguridad más allá de las aulas”, que explora cómo las comunidades definen la seguridad de sus hijos y qué necesitan esos niños para desarrollar todo su potencial dentro y fuera del salón de clases.

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Aitana Vargas
@AitanaVargas

Zaydee Sanchez
@zaydee_s

Julie Schwietert Collazo
@collazoprojects

María Sánchez se siente tranquila sabiendo que su hija de 22 años se encuentra en la universidad y su hijo de 18 está en el ejército.

Se alegra de que, por fin, ninguno acuda ya a la secundaria en el sudeste de Los Ángeles, un barrio con uno de los índices de crimen más elevados de la ciudad. Durante años, Sánchez y sus hijos vivieron preocupados por la actividad de las pandillas y la presencia de indigentes en la zona. Y en las escuelas, asegura, “había peleas, vandalismo y drogas. Apenas había policías, y si ellos (la escuela) los llamaban, la policía llegaba media hora tarde”.

Con el tiempo, la escuela reforzó la seguridad y trasladó la parada del autobús más cerca del centro educativo. Pero para esta madre mexicana – cuyo hijo menor de 7 años tiene el síndrome de Down y está sordo —, las fuerzas del orden constituyen un componente indispensable de la seguridad escolar. Exige presencia policial mañana y tarde, dentro y fuera de las escuelas.

María Sánchez recibe a su hijo Isaías cuando regresa de la escuela. En un principio estaba indecisa de permitir que el niño fuese en el autobús de la escuela, pero dice que prevaleció su deseo de que Isaías aprendiera a ser un poco independiente. Foto de Zaydee Sanchez para palabra

Nacida en Cuernavaca, México, Sánchez hizo las maletas y emigró a EE. UU. hace más de dos décadas. Ahora es voluntaria en Nuestra Voz: Comunidades por una Educación de Calidad (OVFE, por sus siglas en inglés), un grupo fundado por la activista Evelyn Alemán a principios de la pandemia cuyo objetivo es amplificar las voces de los padres latinos que han emigrado a EE. UU. y aspiran a definir el futuro de la educación en el Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en inglés). En LAUSD, el 73% de los estudiantes son hispanos. Por eso, Alemán insiste en que tanto ellos como sus familias deberían influir en las decisiones que se adoptan sobre los centros escolares de Los Ángeles — incluyendo la presencia policial —. Hasta ahora, el grupo siente que se le ha dejado fuera de dicho debate.

Muchos padres en OVFE son inmigrantes de primera generación, incluyendo Sánchez. Pero este factor no ha impedido que soliciten mayor presencia policial en las escuelas. Cuenta Sánchez que, en los 24 años que lleva viviendo en EE. UU., jamás ha experimentado incidentes con la Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

“Nunca he tenido ese temor (a la policía). Nunca. Siempre me he sentido protegida y segura de que, mientras no cree problemas, los busque o haga algo, todo estará bien”, comenta.

La postura de Sánchez y de la comunidad escolar de Los Ángeles a la que representa ofrece una ventana al complejo y divisivo debate sobre la policía en las escuelas, una polémica marcada por tensiones históricas, raciales y culturales, así como intereses encontrados entre distintas comunidades, el temor a los tiroteos masivos y concepciones contrarias de lo que constituye la seguridad. Pero, según un informe del Instituto Nacional de Justicia, se deben realizar más investigaciones para determinar cuáles son los beneficios y daños que se derivan de la presencia policial en las escuelas.

*María Sánchez afuera de su casa en Los Ángeles. Foto de Zaydee Sanchez para palabra*

En OVFE, los padres — muchos de ellos indocumentados — ven la policía como un mecanismo disuasorio. Rocío Elorza, una madre guatemalteca cuyos hijos están matriculados en escuelas públicas de Los Ángeles, sostiene que las fuerzas de seguridad deberían ser la pieza central de cualquier esfuerzo dirigido a evitar peleas entre los padres en centros escolares, prevenir las sobredosis entre los estudiantes, y ayudar a controlar a los jóvenes que tienen una actitud desafiante y se consideran intocables. “Los estudiantes, a veces, dicen: ‘como soy un menor, nadie me puede hacer nada’”, asegura Elorza.

Otras comunidades y organizaciones, sin embargo, no respaldan la postura en favor de la policía que promueve OVFE. La percepción de la seguridad del grupo contrasta con la de otras comunidades negras y latinas que, históricamente, se han sentido victimizadas y criminalizadas, y para quienes la presencia de las fuerzas de seguridad en centros académicos refuerza el sendero que conduce a los jóvenes de la escuela a la cárcel. Estos grupos, como OVFE, abogan por escuelas cuyo eje central sea la comunidad y por métodos enfocados en el desarrollo “integral del niño,” en un entorno académico donde el aprendizaje le permite florecer como individuo. Pero a diferencia insisten en que la seguridad escolar debe ser impulsada por la comunidad y no apoyada en la presencia de la policía en las escuelas.

*Rocío Elorza, miembro de Nuestra Voz, despide a su hijo con un beso antes de que él parta hacia la escuela con un amigo. Foto de Zaydee Sanchez para palabra*

Para los miembros de la comunidad negra de Los Ángeles y de otras regiones del país, sus vivencias justifican la eliminación de la policía de los centros académicos. Argumentan que las cifras avalan su postura. Según un informe difundido en 2022 por la Coalición por un LAUSD sin Policía (The Police Free LAUSD Coalition), el 25% de los arrestos y las citaciones policiales en el distrito escolar angelino corresponden a jóvenes negros, a pesar de representar el 8% de la población estudiantil. A nivel nacional, los individuos negros constituyen el 38% de la población carcelaria, a pesar de representar el 12% de la población de EE. UU. Los hispanos también están sobrerrepresentados en el sistema carcelario comparado con el total poblacional: aunque un 18.9% de la población estadounidense es hispana, constituyen casi un 30% de la población carcelaria a nivel federal.

Tras la muerte de George Floyd a manos del agente Dereck Chauvin en mayo de 2020, las voces que abogan por acabar con la sobrerrepresentación de la comunidad negra en el sistema penal y por desfinanciar los cuerpos policiales cobraron fuerza. Una oleada de protestas y disturbios civiles se propagó rápidamente por Los Ángeles, y el comité del LAUSD recortó en un 35% el presupuesto destinado a la Policía Escolar de Los Ángeles y eliminó un tercio de los agentes policiales de los campus — una decisión aplaudida por los líderes del Sindicato de Maestros de Los Ángeles (United Teachers Los Angeles) —.

Los miembros de OVFE, sin embargo, no encajaron bien dentro del movimiento contra la policía en las escuelas, la falta de consideración del mismo hacia las preocupaciones de la comunidad latina les inquietó. “Un grupo de padres de Nuestra Voz trató de hablar con los líderes sobre este tema, así como expresar sus visiones e inquietudes, pero les quedó claro que sus voces no se tendrían en cuenta ni por los miembros del comité escolar, — ni por las organizaciones que piden tanto acabar con la financiación de la policía escolar, como la eliminación de la policía de los campus ”—, asegura Alemán.

*Miembros del grupo de padres de Nuestra Voz afuera de la sede de LAUSD en Los Ángeles, California. Foto de Zaydee Sanchez para palabra*

Según el Centro por la Integridad Pública (Center for Public Integrity), se cree que Los Ángeles es el epicentro nacional de la policía escolar. LAUSD cuenta, de hecho, con más de 200 agentes juramentados y una veintena más que no han jurado el cargo. Desde que el Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles desplegara agentes para patrullar las escuelas en barrios marginales en 1948, la presencia de las fuerzas del orden en centros académicos de EE. UU. ha crecido de manera constante. En la década de los 50, las escuelas de Flint, Michigan, desplegaron los primeros agentes de apoyo en las escuelas (SROs, por sus siglas en inglés). Para 1966, Chicago había desplegado agentes “amigables” para disuadir el crimen entre menores. Y a partir de los años 90, aumentaron las voces en favor de la policía escolar como respuesta a los tiroteos masivos. En el año escolar 2017-2018, más de la mitad de escuelas públicas ya tenían policías, según datos del Departamento de Educación de EE. UU.

Aunque esta tendencia se ha mantenido tanto con los gobiernos demócratas como republicanos, determinar cuáles son los beneficios o daños que se derivan de la actividad policial en las escuelas no parece ser una tarea inequívoca. Algunos expertos sostienen que la falta de consenso sobre qué constituye la seguridad se debe a que dicha percepción varía entre individuos y regiones.

“No sé si la actividad policial en las escuelas se realiza de la misma manera en todas partes. Sencillamente, parece ser tan diferente de lugar a lugar que es difícil sacar conclusiones (sobre) sus beneficios”, asegura Tara Raines, excopresidenta del grupo de trabajo de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP, por sus siglas en inglés). “Es algo que depende tanto de cada ser humano que es difícil de concretar”.

*En el interior de su casa, Elorza exhibe con orgullo los galardones escolares y deportivos de sus hijos. Foto de Zaydee Sanchez para palabra*

Una visión de la seguridad escolar sin policías

A unas 370 millas al noroeste de Los Ángeles, la ciudad de Oakland se convirtió en un bastión en la lucha contra la policía escolar después del asesinato de Raheim Brown, un joven negro de 20 años, a manos de la policía de la Preparatoria Skyline High. Años de movilización por parte del Proyecto Organizativo Negro (BOP, por sus siglas en inglés) — una organización comunitaria fundada en 2009 para luchar por la justicia racial y social — culminaron en 2020 con la aprobación de la Resolución George Floyd y la eliminación de la policía de las escuelas de Oakland.

La muerte de Brown agudizó las preocupaciones de los miembros del BOP en torno a cómo las prácticas policiales en las escuelas reflejaban la persecución de la comunidad negra en la red de transporte público y el sector de la vivienda de la ciudad. En un intento por lograr una mayor transparencia sobre los arrestos en las escuelas y la responsabilidad policial, el BOP buscó el apoyo comunitario, y activistas negros y latinos se aliaron para lanzar la campaña Mejorar Nuestro Sistema Escolar (BOSS, por sus siglas en inglés).

‘Hay un grupo muy reducido de motivos que ponen en riesgo la vida de alguien por los que la ley te obliga a llamar a la policía’.

Los esfuerzos dieron sus frutos: BOP desarrolló el primer sistema de quejas de cualquier distrito escolar del país, permitiendo así que los estudiantes y padres pudieran conocer el alcance de las interacciones con la policía, las conductas indebidas de los agentes, así como recopilar datos de arrestos en centros escolares y remisiones a las fuerzas del orden originados en éstos. El objetivo era dar a conocer las cifras a la comunidad para que entendiera el alcance del problema.

“Soy una persona que se ha visto afectada por la expulsión escolar. Me echaron antes de que pudiera acabar mi primer año de preparatoria. Me arrestaron más de tres veces en el campus. Así que, también soy una de esas personas que se graduó de un centro de secundaria alternativo”, recuerda Desiree McSwain, mánager de comunicación de BOP. “Conozco el efecto y sé cómo te sientes cuando te expulsan o te criminalizan de forma reiterada”.

BOP logró, además, limitar el poder de la policía en los procesos disciplinarios iniciados por las escuelas — una medida recomendada por la NASP —. Para los estudiantes de entre cuarto y décimo segundo grado), BOP abogó por la eliminación de la suspensión del estudiante por desobediencia, un castigo subjetivo a alumnos por conductas de gravedad baja, como interrumpir las actividades escolares o negarse a quitarse una gorra.

En 2020, con el respaldo de la comunidad, el Proyecto Organizativo Negro propuso la Resolución George Floyd, cuya aprobación resultó en la eliminación de la presencia de la policía de las escuelas de Oakland. Foto cortesía del Proyecto Organizativo Negro

“Hay un grupo muy reducido de motivos que ponen en riesgo la vida de alguien por los que la ley te obliga a llamar a la policía”, explica McSwain. “En caso contrario, si se trata de una pelea, llamas al coordinador de seguridad. Si se trata un (tema) de salud mental, llamas al centro de salud conductual. Y este ha sido uno de los aspectos más importantes porque, previamente, se llamaba a la policía para todo”.

McSwain sostiene que las cifras muestran el progreso logrado en Oakland. En el primer semestre de 2023, las llamadas a la policía bajaron a 500, comparadas con las 2666 que hubo en el año académico de 2016. De las 500 llamadas, solo tres culminaron en arrestos.

Entre otras medidas, el comité escolar también accedió a destinar 2.3 millones de dólares a iniciativas preventivas y la justicia restaurativa en un intento por reducir la criminalización de los jóvenes. Sin embargo, McSwain lamenta que la formación del personal escolar para combatir el racismo y los prejuicios no sea obligatorio en un distrito escolar donde el 22.1% de los estudiantes son negros y el 44.2% latinos.

“Realmente queremos que se implemente el entrenamiento contra el racismo y los prejuicios implícitos porque es obvio que la gente tiene unas creencias inherentes de que los estudiantes negros — y específicamente los que son hombres — son violentos, peligrosos y, por lo tanto, deben ser vigilados por la policía”.

Al estar Oakland a la vanguardia del movimiento nacional contra la policía, otros grupos y activistas del país han seguido estrechamente el progreso en la ciudad. Según Katherine Dunn, abogada de una organización multiracial de derechos civiles llamada Advancement Project, Oakland y el BOP “desarrollaron un plan bastante integral de seguridad pública”. Pero no ha cumplido las expectativas, dice.

‘Solo debemos saber cuáles son nuestras necesidades. ¿Por qué motivos estamos llamando a la policía?’

“Es un documento precioso. Son palabras sobre el papel. ¿Ha sido implementado en su totalidad? ¿Todavía encabeza la comunidad (el movimiento)? No. Quiero decir: no ha sido así”, explica. McSwain aclara, sin embargo, que la brecha entre la visión y la implementación no se debe a que el BOP haya fracasado. Explica que “hasta que el distrito se comprometa a financiar adecuadamente la implementación de la resolución, seguirá existiendo un conflicto de poder entre el distrito y la comunidad”. Dunn asegura que, a pesar de las deficiencias, Oakland “todavía se mantiene firme en su lucha contra el regreso de la policía a las escuelas, que es más de lo que otros distritos, creo yo, pueden decir”.

Miembros del Proyecto Organizativo Negro a la culminación de una marcha en Oakland el 23 de junio de 2020, un día antes de que la Junta Escolar de Oakland votara a favor de la Resolución George Floyd. Foto de Brooke Anderson, cortesía del Proyecto Organizativo Negro

El pasado septiembre, sin embargo, algunos padres pidieron más medidas de seguridad después de que un tiroteo en la Preparatoria Skyline obligara a cerrar el centro. Y aunque el modelo de Oakland pueda ofrecer lecciones importantes a otros distritos escolares que abogan por escuelas sin presencia policial, no es una solución única aplicable de manera universal.

Cuando la seguridad escolar se topa con la inmigración

En el Distrito Público de Secundaria Phoenix Union (PXU, por sus siglas en inglés) en Arizona, activistas y organizadores comunitarios de Poder en Acción observan de cerca a ciudades que, como Oakland, han realizado reformas y eliminado la policía. Pero PXU tiene sus propias características y desafíos a considerar.

“Muchos de los distritos que lograron sacar a la policía del campus con éxito eran distritos muy pequeños o escuelas muy pequeñas, y nuestras escuelas son gigantescas. Tenemos tantos estudiantes”, asegura Stephani Espinosa, mánager de campañas para Poder en Acción, una organización que busca amplificar el poder de la gente de color y desmantelar los sistemas opresivos. “Creo que una gran parte de esto son los datos. Solo tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades. ¿Por qué motivos estamos llamando a la policía?”

‘La historia de EE. UU. está realmente arraigada en la construcción de estructuras y sistemas que no eran para nosotros, para gente que tiene mi aspecto (físico) o el de mi familia’.

PXU es uno de los distritos escolares más grandes de la nación. Más del 81% de sus estudiantes son latinos, y los debates en torno a la seguridad escolar con frecuencia incluyen el sentimiento antiinmigrante en la región, el cual se vio reforzado por las duras políticas antiinmigrantes impulsadas por el exalguacil Joe Arpaio del Condado Maricopa, cuyos esfuerzos culminaron en la ley SB 1070 en 2010. Considerada una de las medidas contra los inmigrantes más estrictas del país en aquella época, y conocida como la ley “muéstrame los papeles”, ésta pretendía reducir la población indocumentada del estado.

“La historia de Estados Unidos está realmente arraigada en la construcción de estructuras y sistemas que no eran para nosotros, para gente que tiene mi aspecto (físico) o el de mi familia”, dice Viridiana Hernández, que creció en Arizona como inmigrante indocumentada desde que tenía un año y ahora es la directora estratégica de Poder en Acción.

Al contrario que el grupo de Alemán, los activistas en Poder en Acción están preocupados de que la presencia policial en las escuelas pueda conducir a arrestos y procesos de deportación, ya que, en el pasado, la Policía de Phoenix secundó políticas antiinmigrantes similares a las de Arpaio y el sindicato policial apoyó la ley SB 1070. “Hay mucho temor en nuestra comunidad”, dice Espinosa.

En Phoenix, miembros de la comunidad sostuvieron una vigilia tras el asesinato de James García a manos de la policía de la ciudad en 2020. El descontento social hizo posible que Poder en Acción abriera un espacio para que la sociedad civil le exigiera rendición de cuentas al Departamento de Policía de Phoenix. Foto cortesía de Poder en Acción

Pero, en declaraciones por correo electrónico a palabra, el distrito escolar de PXU dijo: “Las fuerzas de seguridad no intervienen en procesos disciplinarios, detenciones, suspensiones o expulsiones que ocurren a diario. También contamos con medidas y procedimientos para proteger a los estudiantes y sus familias cuando las fuerzas del orden u otras agencias solicitan acceso a éstos o a los campus”.

En la última década, Poder en Acción ha realizado campañas en busca de reformas con resultados mixtos. En 2020 — un año marcado por el comienzo de la pandemia y la muerte de Floyd —, el distrito escolar prometió eliminar todos los SROs. Sin embargo, este año, el comité escolar del distrito dio marcha atrás y votó a favor del regreso de seis SROs repartidos entre tres regiones distintas y de la creación de un modelo donde los agentes no estén físicamente presentes en las escuelas.

No era el resultado que Poder en Acción anhelaba. Pero los activistas reconocen que su lucha es a largo plazo. “Sabíamos que no era posible eliminar completamente a la policía del campus porque el distrito no posee la infraestructura para sostenerlo”, explica Espinosa.

El último plan propuesto por el comité de PXU anticipa la creación de componentes de la estructura que Espinosa considera crucial, incluyendo un sistema confidencial de quejas que permita a los estudiantes, personal escolar y padres informar o denunciar las interacciones con las fuerzas del orden — al igual que el modelo de Oakland —. El comité, además, respalda una Declaración de Derechos de Estudiantes. Pero la frustración entre la comunidad va en aumento. “Nada nos garantiza que vayan a seguir adelante con la implementación”, lamenta Espinosa.

Miembros de Puente Youth y Poder en Acción solicitaron recursos para la implementación de programas sociales en las escuelas durante la sesión de la Junta Directiva del Distrito Público de Secundaria Phoenix Union (PXU, por sus siglas en inglés) el 4 de mayo de 2023. Foto cortesía de Poder en Acción

Su escepticismo no está infundado: En otros distritos escolares, los comités han revertido sus promesas de eliminar la policía de los centros. Este año, un juez ordenó al comité de las Escuelas Públicas de Denver que entregara la grabación de una reunión ilegal llevada a cabo a puerta cerrada en la que los miembros votaron a favor del regreso de la policía en las escuelas.

La controvertida decisión del comité — que desató acciones legales por parte de medios de comunicación y causó indignación entre los activistas — se dio después de que dos administradores escolares resultaran heridos en un tiroteo ocurrido en la Preparatoria East en Denver en marzo de este año. El joven de 17 años que apretó el gatillo, acabó suicidándose.

“Ellos (el comité) se dejan llevar por los sentimientos en vez de hacerlo por los datos, y se trata de sus propios datos”, asegura Elsa Bañuelos, directora ejecutiva de Movimiento Poder, una organización de Denver que aboga por centros escolares sin presencia policial.

Según la organizadora, la presencia policial en las escuelas aumenta el castigo hacia los estudiantes, pero no hace que los centros sean más seguros. Las cifras, asegura, son concluyentes: El distrito escolar experimentó una reducción del 93% en multas a estudiantes de 2020 hasta ahora. “Menos policías se traduce en menos multas”, dice.

‘Para nosotros…la seguridad tiene elementos completamente diferentes. Es un lugar donde nos sentimos reconocidos, motivados, educados, estamos bien alimentados, tenemos acceso a servicios de salud mental — esto es sentirse seguro para nosotros —’.

Benjamin Fisher, profesor asociado de estudios en Sociedad y Comunidad Civil de la Universidad de Wisconsin-Madison, analizó los resultados de 32 evaluaciones sobre el impacto de las fuerzas de seguridad en las escuelas, y explicó que las pruebas científicas se alinean con la perspectiva de Bañuelos.

“No encontramos que haya una prevención significativa de crímenes en las escuelas, y esto incluye los crímenes con pistolas o por arma de fuego”, dice.

Fisher, además, aseguró que la presencia de las fuerzas del orden en las escuelas contribuye a aumentar las medidas disciplinarias impuestas a los estudiantes. Pero, a su vez, esta presencia mejora las percepciones de seguridad en los centros educativos — aunque las pruebas en este sentido se limitan a los resultados de dos estudios —.

A ojos de Bañuelos, el concepto de seguridad del distrito no antepone las necesidades de los estudiantes. “Para nosotros — como organización —, la seguridad tiene elementos completamente diferentes”, dice. “Es un lugar donde nos sentimos reconocidos, motivados, educados, bien alimentados, tenemos acceso a servicios de salud mental — esto es sentirse seguro para nosotros —”.

*El hijo de Elorza juega afuera de su casa en Los Ángeles después de hacer sus tareas. Foto de Zaydee Sanchez para palabra*

Bañuelos sostiene que las necesidades más urgentes de los estudiantes — incluyendo las que están ligadas a COVID y la pandemia — no están siendo abordadas adecuadamente. La organización ha estado brindando apoyo en materia de salud mental a estudiantes que experimentan pensamientos suicidas y que presentan un cuadro depresivo debido a problemas financieros, altercados domésticos o desempleo en el seno familiar.

Otra de las preocupaciones que la organización está priorizando y sobre la que está tratando de recopilar más datos es el aumento de sobredosis entre estudiantes que podría estar vinculado a estrés pospandemia. “También estamos oyendo que los estudiantes están empezando a sufrir sobredosis…en la escuela. Y cuando ocurre, se procede al cierre de éstas, lo que obliga a llamar a la policía. Así que, en vez de ofrecer un tratamiento a estos estudiantes, se les arresta o multa”, comenta.

Al igual que activistas en otros distritos escolares del país, Bañuelos aboga por recortar fondos destinados a la policía o programas de vigilancia, y redirigirlos hacia iniciativas que respalden las necesidades de los estudiantes. Además, promueve la creación de entornos escolares que sean acogedores y protejan también a los padres, y madres, en particular a aquellos que son indocumentados y para quienes el temor de la deportación es una amenaza constante — incluso en ciudades santuario —.

*Rocío Elorza retratada en su hogar en Los Ángeles. Foto de Zaydee Sanchez para palabra*

Este temor se materializó en febrero de 2020 cuando una madre indocumentada fue arrestada por ICE fuera de la escuela de su hija en Filadelfia.

El distrito escolar carecía entonces de un protocolo de actuación para gestionar la situación y responder a intervenciones de ICE. Así que, pidió ayuda a Juntos, una organización comunitaria de Filadelfia encabezada por inmigrantes cuyos conocimientos en materia migratoria y activismo sirvieron para guiar y apoyar tanto a la madre como a su familia antes de la pandemia.

“Muchos miembros de la familia, muchos estudiantes y padres tenían miedo y estaban preocupados…de cómo el arresto de esta mujer les afectaría”, asegura Guadalupe Méndez, organizadora de jóvenes para Juntos.

Activistas proinmigrantes ejecutaron una exitosa campaña para limitar el impacto de ICE en las escuelas. Y la fructífera colaboración entre el distrito escolar y Juntos culminó en la aprobación en junio de 2021 de la resolución Respaldando las Escuelas Santuario que promueve un modelo donde las escuelas sean refugios seguros para los jóvenes inmigrantes y el personal escolar esté entrenado en el manejo de intervenciones federales realizadas por agentes migratorios.

*Madres de familia de Nuestra Voz se abrazan afuera de la sede de LAUSD. Foto de Zaydee Sanchez para palabra*

Con su lema como punta de lanza, “No hay ciudades santuario sin escuelas santuario”, la campaña de Juntos desató celebraciones en la comunidad. Pero, para la madre detenida por ICE, la resolución llegó demasiado tarde. Enfrentarse a una posible deportación y tener que dejar a su hija, ya le había causado cicatrices emocionales irreversibles — un recordatorio inequívoco de cómo la política de seguridad de cada escuela puede decantar el destino de sus estudiantes y familias — .

palabra se puso en contacto con Xóchitl Gaytán, presidenta del Comité de Educación de las Escuelas Públicas de Denver, Lela Alston, presidenta del Comité de PXU, Jennifer Hernández, miembro del Comité de PXU y los centros escolares a los que acudían los hijos de María Sánchez y Rocío Elorza, pero no se recibieron declaraciones.

La realización de este proyecto ha contado con fondos del Premio de Periodismo de Investigación Charles M. Rappleye, otorgado por el Club de Prensa de Los Ángeles. @LAPressClub

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Policía en las escuelas: La borrosa línea de la seguridad pública