Invisibles y discriminadas
Madres estudiantes o embarazadas sufren de falta de apoyo universitario, discriminación y patrones de discriminación en la mayor universidad pública de Puerto Rico
Nota del editor: Contar con una educación a nivel académico es una de las claves para lograr la movilidad laboral para muchas mujeres. Sin embargo, las mujeres enfrentan muchas barreras para alcanzar esa meta, en especial las madres. La discriminación en base al género en sus empleos y en el ambiente universitario representan obstáculos para una población ya de por sí vulnerable. En los Estados Unidos, un 53% de estudiantes con hijos experimenta inseguridad alimentaria. A la vez, un 68% está en riesgo de quedarse sin hogar. Una investigación que forma parte del proyecto de rendición de cuentas Altavoz Lab de palabra publicada por Todas y el Centro de Periodismo Investigativo sobre la Universidad de Puerto Rico (UPR) devela el incumplimiento de políticas públicas y graves patrones de discriminación, impactando el desarrollo de mujeres embarazadas, de edad gestante, o ya con hijos.
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Cuando en 2018 Amanda Torres Cruz estaba embarazada continuó su bachillerato en Ciencias Políticas en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), con la esperanza de cumplir su meta de convertirse en abogada y proveer a su hija los recursos que ella nunca ha tenido.
“Yo seguía comoquiera yendo a la universidad, pero a mí nadie me alertó de algún tipo de prejuicio, de discriminación a la que yo me podía estar enfrentando, en el entorno universitario”, dijo, habiendo pausado sus estudios por un año al convertirse en madre.
Durante su embarazo la joven de 23 años recuerda que tuvo la impresión de que uno de sus profesores aprendió su nombre expresamente para ridiculizarla y burlarse de ella en frente de sus compañeros, por la frecuencia con la que le hacía preguntas.
“A mí me gustaba ponerme falditas y me decía: ‘Yo tengo otra estudiante que también está embarazada, pero ella no se pone las faldas así como tú te las pones’”, rememoró. Ella se preguntaba, ¿qué derecho tenía el profesor de cuestionar su forma de vestir por estar embarazada?
Desde 2015, existe la Carta de Consideraciones y Derechos a Estudiantes Embarazadas que se supone protege a estudiantes embarazadas en la UPR. El documento establece que Amanda tenía el derecho de disfrutar de un ambiente de “paz, tranquilidad y respeto al derecho a su intimidad y dignidad”. Pero, no fue hasta tres años después de tener a su hija, durante su entrevista para esta historia, que la estudiante supo de sus derechos.
Las mujeres mayormente acceden a la educación universitaria porque es imperante para su progreso económico.
La discriminación por parte de la comunidad universitaria y la falta de divulgación de sus derechos por los canales de difusión institucionales, son dos de los factores en los que falla la UPR de garantizar a sus estudiantes con hijos un acceso equitativo al derecho humano a la educación, halló esta investigación a base de peticiones de información, entrevistas con ocho madres estudiantes, y cinco expertas en equidad de género.
El principal recinto de la UPR ni siquiera conoce la cantidad de estudiantes que son madres o padres — algo que es muy común a nivel de educación terciaria en Estados Unidos. A consecuencia, tampoco conoce el perfil sociodemográfico de esta población de estudiantes con hijos. Esto dificulta la implementación de políticas de información y apoyo, coincidieron expertas.
A esto se une la precarización que sufre la UPR desde la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF), que ha obligado a la institución a recortar casi la mitad de su presupuesto. La JCF fue impuesta a Puerto Rico por el congreso federal como requisito para encaminar un proceso de quiebra y reestructuración de la deuda pública, que ascendía a $70 mil millones.
Un estudio de The Hope Center for College, Community and Justice, basado en una encuesta a 330,000 estudiantes en 411 instituciones de educación superior en Estados Unidos, demostró que los estudiantes con hijos son principalmente mujeres que trabajan y estudian a tiempo completo. Más de la mitad estuvieron en riesgo de inseguridad alimentaria y de vivienda. Las universidades no suelen conocer estas necesidades, pues es común el desconocimiento de la población estudiantil con hijos, lo que obstaculiza la creación e implementación de políticas de apoyo y las pone en gran vulnerabilidad, documentó la referida investigación.
Luego de publicar la primera parte de esta investigación en Todas y el Centro de Periodismo Investigativo, otras estudiantes compartieron un currículo en que un profesor de Ciencias Sociales expresa a las estudiantes madres o embarazadas que su situación de vida no les hacía merecedoras de un “trato preferencial”. “Fue tu decisión. Es tú responsabilidad”, escribe textualmente el docente en una “advertencia” que incluye en sus planes de estudio desde al menos 2007.
Para un reportaje de seguimiento, la universidad expresó que no tenía conocimiento del contenido del documento, aunque es requisito que los profesores compartan la información semestralmente con sus departamentos. Además, indicó que no avalaba ningún tipo de discriminación o ambiente hostil para el estudiantado, y que solicitaría una reunión con el docente, quien comenzó su proceso de jubilación. El catedrático fue contactado por correo electrónico para una reacción, pero no hubo respuesta.
Una investigación exploratoria de la Facultad de Trabajo Social de la UPR en Río Piedras expuso que la violencia institucional dentro de la comunidad universitaria tiene un efecto traumático en las madres estudiantes, pues les causa “frustraciones, estrés y un sentido generalizado de inferioridad”.
Normativa se queda corta
Al menos cuatro estudiantes del recinto que fueron entrevistadas tampoco conocían la Carta de Derechos. En una búsqueda de palabras claves en las redes sociales de la universidad y en el correo institucional, constatamos que nunca se difundió la información.
La procuradora estudiantil Coralie Pacheco Valcárcel, cuya labor es velar por los derechos del estudiantado en la UPR, admitió que el documento debe difundirse con mayor prominencia, pero destacó la responsabilidad individual de los estudiantes en conocer sus derechos y deberes.
“No debemos depender que alguien nos diga, sino que tenemos que buscar; hay derechos, hay reglamentaciones, hay calendarios académicos. Nosotros lo ponemos porque queremos ayudar y queremos facilitar, pero es importante no depender de eso”, justificó Pacheco Valcárcel.
Aunque uno de los deberes de la procuradora es orientar activamente al estudiantado sobre sus derechos, la carta designa al Decanato de Estudiantes como la entidad encargada de asegurar su cumplimiento. En cuatro ocasiones solicitamos entrevistar a la decana de Estudiantes, Gloria Díaz Urbina, pero la oficina de prensa del recinto sólo accedió a responder a algunas preguntas por correo electrónico.
Para la catedrática en Trabajo Social Elithet Silva Martínez, el establecimiento de políticas institucionales en favor de la equidad es importante, pero si no hay una comunicación efectiva de su existencia y de cómo se implementará, se desacelera el avance en derechos.
Vale señalar que la reglamentación vigente no reconoce que las personas embarazadas puedan incluir a varones trans. Asimismo, la única política que atiende los derechos de los estudiantes con hijos en la UPR es Título IX, una reglamentación que prohíbe la discriminación de género en instituciones académicas que reciban fondos federales.
Austeridad pone en riesgo el progreso
La universidad pública es para muchas mujeres su única opción para salir de la pobreza. En Puerto Rico, el 68% de las familias lideradas por mujeres con menos de edad viven bajo pobreza.
Sin embargo, desde la entrada de la JCF en 2017, la asignaciones del Fondo General de la UPR se han reducido 48%. La JCF está compuesta por siete miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos que, según la ley PROMESA –creada para permitir la reestructuración de la deuda de Puerto Rico –, debe trabajar para estabilizar la economía local. En la práctica, este organismo que tiene supremacía respecto a toda estructura gubernamental puertorriqueña ha reestructurado la deuda pública a costa de medidas de austeridad. Para la UPR, esto se traduce en la precarización de la universidad pública. En cuatro años, el recinto cerró sus dos residencias estudiantiles y el crédito subgraduado aumentó de $57 a $145.
‘Se les cuestiona por tratar de obtener una carrera, a la vez que son madres o que gestan’.
La economista Eileen Segarra Alméstica aseguró que el primer centro docente de Puerto Rico podría estar viendo su última generación con acceso a educación superior pública de calidad.
La profesora del recinto de Río Piedras explicó que las mujeres mayormente acceden a la educación universitaria porque es imperante para su progreso económico.
“Definitivamente (la austeridad) afecta a toda la población, pero también hay un efecto adicional en la población femenina, que es la que ha dependido más de su educación universitaria para superarse económicamente”, subrayó.
Para 2020, las mujeres con bachillerato ganaban 45% más que las que solamente terminaron la escuela superior. Sin embargo, los hombres con bachillerato generan 20% más que las mujeres con el mismo nivel educativo.
Segarra Alméstica señaló que las madres son doblemente discriminadas por género en el mercado laboral, por las múltiples jornadas impuestas. “Si los patronos piensan que las mujeres necesitan más tiempo para atender a sus hijos, entonces son más reacios a pagarles un salario más alto o darles una promoción”, expuso.
La trabajadora social Silva Martínez puntualizó que “tanto en el espacio de estudio como en el espacio de trabajo, tristemente, las maternidades se invisibilizan porque se ven como que interrumpen la productividad. Esto es una visión no solamente patriarcal, sino también capitalista”.
Al punto de agotamiento
Luego de convertirse en madre, para Amanda, cubrir los gastos familiares es un reto mayor. “Termino comprando libros, pero, en última instancia, a veces me quedo sin comer”, compartió la joven, quien viaja diariamente dos horas ida y vuelta para asistir a sus clases.
Datos de The Hope Center for College, Community and Justice revelan que en Estados Unidos el 53% del estudiantado con hijos ha experimentado inseguridad alimentaria. Mientras, 68% estuvo en riesgo de sinhogarismo. Las madres son las más propensas a esta inestabilidad.
Alexis Preston Hunter, alumna de arquitectura y madre de un niño de tres años, identificó la falta de tiempo como un reto para alcanzar su meta académica. Cuando comenzó su maestría hace un año, esta mujer de 31 años terminaba el periodo de lactancia de su hijo. El proceso fue complejo porque Alexis no tenía control sobre sus horarios y no podía dedicar el tiempo necesario a sus estudios. Esta fue una de las razones para que redujera su carga académica en el siguiente semestre.
Silva Martínez explicó que “las estudiantes pueden sentir que tienen que fragmentarse al punto del absoluto agotamiento porque se les cuestiona por tratar de obtener una carrera, a la vez que son madres o que gestan”.
“Las mujeres nos incorporamos a la academia y al mercado laboral, pero no se democratizaron las tareas del hogar, ni las responsabilidades del cuidado y crianza. Tampoco se hicieron los ambientes laborales y académicos compatibles con ser madres. Están diseñados para personas que no ejercen la maternidad”, señaló la abogada Mariana Iriarte Mastronardo, quien se convirtió en madre en 2005 durante su primer año en la universidad.
Guarderías inaccesibles
Una de las necesidades más frecuentes entre las madres estudiantes entrevistadas son los espacios seguros para sus niños mientras ellas toman clases. Aunque algunos de los progenitores asumen su corresponsabilidad parental, la carga de la crianza y el cuidado recae mayormente en las mujeres. Generalmente, cuentan con mayor apoyo de sus familias que de los padres de sus hijos.
Según un estudio del Institute for Women's Policy Research, en universidades de Estados Unidos aquellas estudiantes cuyos hijos recibieron servicios de guardería en las instalaciones universitarias son tres veces más propensas a terminar sus estudios a tiempo, en comparación con las que no accedieron al servicio.
Pese a que el Recinto de Río Piedras tiene servicios de asistencia orientados a distintas poblaciones, las estudiantes no suelen conocer de su existencia o disponibilidad.
La trabajadora social Ana Reynoso García, quien tuvo a su hija al final de su bachillerato, supo del servicio por una amiga, cuando ya había invertido en una ayuda privada. No obstante, solicitó cupo en el de la universidad y la colocaron en una lista de espera. El espacio para la niña se abrió cuando Ana ya había terminado su maestría.
El Laboratorio de Infantes y Maternales (LIM) – la única guardería en el recinto de Río Piedras dirigido exclusivamente a hijos de estudiantes – frecuentemente tenía listas de espera para acceder a uno de los 18 cupos para menores a tres años. Desde la pandemia, las solicitudes han bajado.
“Pienso que nos falta promoción. (...)Muchas que han llegado buscando el servicio aquí ha sido por casualidad. Me han dicho: ‘mira, yo no sabía que esto existía’”, aseguró Nylka Torres Rodríguez, coordinadora del LIM.
El servicio está dirigido a familias de bajos recursos económicos. Pero no todas las familias que lo solicitan son atendidas porque, en ocasiones, rebasan el límite de ingresos, contó Torres Rodríguez.
En entrevista, las participantes del LIM se mostraron satisfechas y deseosas de que otras estudiantes también pudiesen acceder. Sin embargo, reconocieron que el servicio puede ser inconsistente por la renovación anual del contrato que otorga los fondos para sostenerlo. El contrato suele llegar días antes de que caduque el anterior, lo que retrasa los nombramientos de personal a tiempo, y su entrada a la nómina, e interrumpe el servicio. Las maestras frecuentemente han trabajado sin cobrar aunque luego reciben el pago retroactivo.
Estudiantes en el olvido
Información recopilada en encuestas realizadas al estudiantado de nuevo ingreso de la UPR en Río Piedras, señala que el 93% de los estudiantes que reportaron tener hijos realizaban una maestría o doctorado. Los cursos son generalmente nocturnos, cuando los limitados servicios que la institución académica ofrece a sus estudiantes con hijos como la guardería, ya están cerrados.
Incluso, en el reglamento para el uso de las dos salas de lactancia en el recinto, se especifica que las estudiantes que pueden utilizar estos espacios debe ser una “mujer que esté matriculada en un programa de clases de seis créditos o más en la sesión diurna”.
Cuando Yesenia Claudio cursaba su maestría en bibliotecología, sus hijas adolescentes la acompañaban a la universidad, pues el progenitor no asumía su corresponsabilidad de crianza. Aunque las niñas se mantuviesen en el pasillo durante la clase, Yesenia recuerda que a una profesora le incomodaba su presencia. La mujer intentó dialogar con la docente para explicar su situación, pero sugirió que si ella decidió maternar y estudiar simultáneamente, tenía que asumir lo que ello conllevaba.
La profesora Silva Martínez opinó que es importante que en la universidad haya cabida para las madres con sus hijos porque “de lo contrario, se hace muy difícil completar una meta académica, especialmente si una es la cuidadora principal”.
¿Qué puede hacer la UPR?
Pese a reconocer la precarización acelerada de la universidad pública, las profesoras dijeron que es un buen momento para establecer alianzas que atiendan las necesidades específicas de las estudiantes madres.
The Hope Center for College Community and Justice recomienda fomentar una cultura que centralice servicios de salud, asistencia económica, y asesoramiento y apoyo para cubrir necesidades básicas, como alimentación y vivienda.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación federal sugiere capacitaciones para derribar los estigmas que carga el estudiantado con hijos y para que la docencia atienda efectivamente las situaciones de esta población, entendiendo los desafíos que pueden enfrentar al asumir roles como estudiantes, padres y trabajadores.
“Esto es un asunto de voluntad, pero también de creación de políticas institucionales y políticas públicas que apuesten a la inclusión de las mujeres madres en la educación superior como manera de fortalecer la sociedad que queremos construir”, concluyó Silva Martínez.
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Valeria María Torres-Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico, que recientemente se graduó de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Publicidad. Durante un año reportó sobre género, raza, política, y cultura en Todas, un medio digital de periodimo feminista que amplifica las voces de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública, al tiempo que reconoce las múltiples capas de opresión del patriarcado y el racismo. Actualmente trabaja como reportera web en el diario El Nuevo Día en Puerto Rico.