100 meses sin justicia
El día 26 de cada mes, desde las grandes manifestaciones de 2014, las madres y los padres de los 43 desaparecidos marchan en la capital del país y otras ciudades en demanda de verdad y justicia. Foto por Alejandro Meléndez
Más de ocho años después de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México, la verdad es parcial, la justicia está pendiente, y el presidente López Obrador no logra vencer las resistencias que sobreviven al viejo sistema político mexicano
Nota del editor: Témoris Grecko ha realizado un extenso trabajo de investigación sobre los crímenes de Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Sobre este tema ha publicado el libro “Mentira histórica. Estado de impunidad, impunidad de Estado” , ha producido y escrito los guiones de los documentales “Mirar Morir. El Ejército en la noche de Iguala” (2015) y “Mirar Morir. Addendum” (2020), así como la serie de podcast “Ayotzinapa. Los crímenes y la implicación presidencial” (2023).
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El enfrentamiento entre militares y estudiantes que protestaban por desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero, no era novedad por sí mismo. Como en tantas ocasiones anteriores, los jóvenes, que apoyaban las manifestaciones de madres y padres en exigencia de justicia para sus hijos, intentaron ingresar a un cuartel por la fuerza, y los antimotines del ejército los repelieron. Era el guión habitual, aunque con la inexplicada salvedad de que en esta ocasión, una banda musical de guerra daba el toque de ataque, como ominoso mensaje codificado.
Lo extraño era que algo así ocurriera ahora en septiembre de 2022 durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y al cumplirse ocho años de los crímenes todavía impunes contra alumnos de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa.
Giovanni Galindes Guerrero tenía 20 años en la noche en que con sus compañeros fue arrastrado a la desaparición. Sus padres, María Elena Guerreo y Alfredo Galindes, son maestros rurales de los que tratan de abrirles el camino de la enseñanza a los muchachos del campo, y Giovanni quería seguir el mismo sendero. Jorge Álvarez Nava se enseñó a sí mismo a tocar la guitarra. Aspiraba a estudiar medicina, por lo que su padre, Epifanio Álvarez, intentó llegar a Estados Unidos sin documentos para pagar sus estudios pero fue detenido y deportado y volvió a su trabajo en el campo junto con su esposa Blanca Luz Nava. Jorge tomó la única opción que tenía: ingresar a la escuela de Ayotzinapa. Lo mismo hizo José Ángel Navarrete González, hijo de Angélica González y Emiliano Navarrete del pueblo de Tixtla y quienes le inculcaron el deseo de estudiar para no quedarse como albañil.
El “antimonumento” a los 43 desaparecidos, ubicado desde 2015 en un importante cruce de avenidas en la vía más famosa de Ciudad de México, el Paseo de la Reforma, fue la primera de una ya larga serie de esculturas en memoria de distintos grupos de víctimas, colocadas por movimientos civiles en contravención activa de las decisiones de las autoridades. Ya son parte de la cultura política capitalina. Foto por Alejandro Meléndez
Por ellos y otros 40 jóvenes que el 26 de septiembre de 2014 fueron atacados a balazos en la ciudad de Iguala y luego desaparecidos en acciones en las que intervinieron fuerzas gubernamentales, el día 26 de cada mes se celebra una manifestación en Ciudad de México y en urbes del estado de Guerrero.
Durante los primeros cuatro años a partir de los crímenes, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto intentó encubrir la trama delincuencial responsable de esas desapariciones y de seis asesinatos. Esto provocó un enorme descontento en diversos sectores de la sociedad mexicana y fue la causa de las frecuentes escaramuzas entre alumnos y fuerzas del orden. Ese es el periodo de la “mentira histórica” sobre Ayotzinapa; de la falsa investigación.
Se pensaba que la segunda etapa sería la de la verdad y la justicia. Ésta inició en 2018, cuando el entonces presidente electo López Obrador se comprometió a descubrir el destino de los desaparecidos y procesar tanto a los responsables de los ataques como a los funcionarios que aparentaron estarlos buscando. Y por primera vez en los rostros de las madres y los padres se iluminaron las sonrisas y la esperanza.
Cuatro años más tarde, en las semanas previas a ese octavo aniversario, los avances eran pocos e insatisfactorios para los familiares. A los diminutos restos del estudiante Alexander Mora Venancio, identificados en 2015, se sumaron los de Jhosivani Guerrero y Christian Rodríguez en 2020; sólo los restos de tres de los 43 desaparecidos.
Sin embargo, de pronto se produjo una cascada de desarrollos en la parte judicial, con el otorgamiento de decenas de órdenes de aprehensión y la ejecución de varias de ellas, sólo para continuar con un parón en seco y significativos retrocesos a causa de decisiones tanto extrañas como inesperadas. Esto ha provocado una grave crisis de credibilidad con respecto a la capacidad del gobierno de llegar al fondo y ha incrementado el temor de que el poder de los militares sea más grande que la voluntad presidencial.
La segunda etapa, que debía ser la final, terminó siendo la de una promesa aún no cumplida. Así se inició una tercera fase cuyo carácter se desconoce. Ya no se sabe hacia dónde va el caso Ayotzinapa.
LA MENTIRA HISTÓRICA
El digno Museo Memoria y Tolerancia, frente a la gran Alameda Central de Ciudad de México, fue el escenario del encuentro emotivo, vivificante de un López Obrador que había ganado las elecciones presidenciales y se estaba preparando para tomar posesión con las madres y los padres de los 43 desaparecidos el 26 de septiembre de 2018. A través de María Elena Guerrero, madre de Giovanni, le dieron el reconocimiento negado a Peña Nieto: “Para nosotros ya es presidente”, porque “ahorita nuestro corazón late, nuestras esperanzas están en ellos (el nuevo gobierno) y su compromiso de cumplir. Juntos haremos historia, como lo ha dicho nuestro presidente”. “Son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia, por su entrega a esta noble causa”, correspondió el mandatario electo, que reiteró “mi compromiso de cumplir, de no fallarles en este caso a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa y de no fallarle al pueblo de México”.
El 26 de septiembre de 2018, una de las madres y uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reúnen con Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios, en el Museo Memoria y Tolerancia, a 4 años de los crímenes de la noche de Iguala, Guerrero. Foto por Alejandro Meléndez
Pasaron cuatro años y en 2022, en esa misma fecha, los familiares regresaron al corazón político del país, la enorme plaza del Zócalo donde suelen pronunciar los discursos más importantes de los muchos que dan cada año frente a las decenas de miles de personas que los acompañan. “No señor presidente, queremos la verdad”, increpó Blanca Luz Nava, madre de Jorge. Y Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, lamentó: “Si habíamos logrado un pequeño avance con este gobierno, cuando se llegó al punto de tocar al ejército, ahí todo se vino para abajo”.
En noviembre de 2014, pocas semanas después de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, el gobierno de Peña Nieto quiso darle una salida rápida al problema de los desaparecidos. En la versión oficial, que el entonces procurador general de la república Jesús Murillo Karam llamó “verdad histórica” (posteriormente revelada como mentira), los estudiantes estaban infiltrados por criminales; habían ido a la ciudad de Iguala como parte de una disputa entre delincuentes y con el objetivo de sabotear un acto político; los habían atacado civiles armados y policías municipales, bajo órdenes del alcalde; habían sido reunidos en un solo grupo, trasladados al basurero del vecino pueblo de Cocula, asesinados e incinerados en un pira improvisada al aire libre, tan imposiblemente eficaz que no habían quedado más que cenizas, sin rastros de objetos personales, ni siquiera de ADN; y sus restos habían sido arrojados a un pequeño río.
Según esta versión, todo quedaba en un ámbito estrictamente local. Pocos lo creyeron: la asociación entre los militares y los distintos cuerpos policiacos con el crimen organizado en Guerrero es histórica. En los años 70, cuando el entonces coronel y luego general Mario Arturo Acosta Chaparro fue puesto a cargo de la seguridad pública en el estado, combinó una represión de tácticas de tierra arrasada y “vuelos de la muerte” (desde aviones, arrojaban al mar a detenidos políticos) con la introducción del cultivo de la amapola (para producir heroína) y otras actividades ilícitas.
Pero la “verdad histórica” fue construida para minimizar el ámbito de participación de las autoridades: además de las municipales, ninguna otra de nivel superior - estatal o federal - estaba involucrada.
Y debía esconder el fondo del conflicto: en ni uno solo de los argumentos de los funcionarios policiales, militares, y civiles que hablaron sobre el tema apareció la palabra clave, la que explicaba que esos hombres armados, esos policías, y el alcalde estuvieran asociados criminalmente: la heroína. Fue ocultada.
LA VERSIÓN COVAJ
Después de años de mentiras e incluso de acoso, difamación, y espionaje gubernamental contra investigadores y periodistas que denunciaron el engaño, y contra las madres y los padres que no cejaban en su demanda de justicia, el nuevo gobierno de López Obrador formó una fiscalía especial y una Comisión por la Verdad y la Justicia (COVAJ).
‘La razón era que, sin saberlo los estudiantes, de los cinco autobuses que habían tomado, en uno se hallaba escondido un paquete de heroína para ser contrabandeado a Estados Unidos, con valor de millones de dólares’.
Las pesquisas corrieron con lentitud a lo largo de meses, y pronto ya de años hasta que en agosto de 2022 el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien encabeza la COVAJ, sorprendió al rendir un informe al que aún le faltan elementos importantes pero que ya ofrecía un panorama completamente opuesto a la “mentira histórica”, que los estudiantes no tenían vínculo alguno con el crimen, que no fueron a sabotear ningún acto que llegaron a Iguala por accidente que su objetivo era llevarse transportes para trasladar grupos de alumnos a una manifestación en Ciudad de México que no fueron atacados por los criminales para impedir su arribo a la ciudad, sino para evitar que se marcharan. La razón era que, sin saberlo los estudiantes, de los cinco autobuses que habían tomado, en uno se hallaba escondido un paquete de heroína para ser contrabandeado a Estados Unidos, con valor de millones de dólares.
Estudiantes normalistas de Ayotzinapa, con madres y padres de los 43 desaparecidos y grupos de la sociedad civil, realizaron una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo para conmemorar los 4 años de que desaparecieron en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2018. Foto por Alejandro Meléndez
Nunca fueron reunidos en un solo grupo, trasladados al basurero ni incinerados. En el esfuerzo por recuperar el llamado “quinto autobús”, diversas células de delincuentes y policías se los llevaron a distintos rumbos, y aparentemente los habrían asesinado con métodos tanto crueles como diferentes. Lo más grave es que nada de esto queda en el nivel municipal. Cada uno de los movimientos de los estudiantes fue monitoreado y transmitido en tiempo real a través de un sistema nacional de comunicaciones de seguridad, por lo que distintas autoridades conocieron los eventos sin intervenir en defensa de los civiles indefensos bajo ataque armado. Todavía peor, agentes de distintos cuerpos estatales y federales de policía, así como militares, participaron en las agresiones. Según el subsecretario Encinas, el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27º Batallón de Infantería, ordenó directamente el asesinato de al menos seis de los desaparecidos.
Todavía causaba conmoción el informe de la COVAJ – que es incompleto, no el final – cuando fueron emitidas 83 órdenes de aprehensión, dos de ellas contra generales y 18 contra otros militares (de los que cuatro fueron detenidos, entre ellos, Rodríguez Pérez). El exprocurador Murillo Karam también fue arrestado.
Jóvenes se toman de las manos para proteger al contingente al marchar al Zócalo, en conmemoración de los 4 años de que sus 43 compañeros fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2018. Foto por Alejandro Meléndez
EL EJÉRCITO SE IMPONE
Parecía que el gobierno había logrado romper el pacto de impunidad que protegía a los generales y a exfuncionarios civiles del más alto rango. Se especulaba sobre si acusarían también a los secretarios de Peña Nieto, o al propio expresidente, sin cuya intervención resulta improbable que sus ministros de gobernación, defensa, y Marina, además del procurador y el órgano de inteligencia, se hubieran podido confabular en la fabricación de la “mentira histórica”.
La propia detención de Murillo Karam fue la primera señal de que algo no estaba bien. Esta ocurrió a espaldas del fiscal especial Omar Gómez Trejo, quien quería fortalecer sus acusaciones previo a presentarlas ante el juez. Justo cuando él y miembros clave de su equipo estaban realizando diligencias del caso en Israel y Panamá, su jefe, el fiscal general, ordenó la detención de Murillo Karam y pidió – y obtuvo – la cancelación de 21 de las 83 órdenes de aprehensión, incluyendo 16 contra militares. Al regresar a México, Gómez Trejo encontró que le habían quitado a 20 agentes de investigación que estaban bajo su mando. Renunció el 27 de septiembre, un día después del octavo aniversario.
El fiscal general no explicó sus decisiones. Lo hizo el presidente López Obrador. Aunque el juez encontró méritos suficientes para otorgarlas, el presidente aseguró que las 21 órdenes canceladas habían sido solicitadas para “reventar la investigación”, sin fundamento, “pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército (y que entonces) íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie”. La declaración del presidente implicaba de manera tácita al fiscal especial, porque él fue quien las pidió. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente si había sido el fiscal, López Obrador respondió que no, dejando su grave acusación en la ambigüedad.
100 MESES
Es 26 de enero de 2023. La marcha de protesta que realizan cada mes en Ciudad de México las madres y los padres de los desaparecidos, justo frente al Museo Memoria y Tolerancia donde todavía resonaba una promesa presidencial que antes les dio esperanza y, ahora, dudas, concluye en el hemiciclo a Benito Juárez, el héroe que encabezó la defensa del país ante la invasión francesa hasta la victoria en 1867.
El contingente de madres y padres de los 43 desaparecidos encabeza la manifestación del 26 de septiembre de 2018. Al fondo, el Ángel de la Independencia, origen tradicional de estas marchas. Foto por Alejandro Meléndez Ortiz
Un órgano autónomo de transparencia gubernamental ha ordenado que la fiscalía informe por qué pidió cancelar las órdenes de aprehensión. Pero la investigación se encuentra estancada porque, para reemplazar al fiscal especial, fue designado un abogado con carrera burocrática, no de investigación ni litigación. Un funcionario totalmente ajeno a un caso extremadamente complejo y extenso que ha generado cientos de miles de documentos y a diferencia de su antecesor, no cuenta con el apoyo de las víctimas. Persiste la duda de si el presidente al fin podrá imponer sobre los militares su autoridad constitucional y su compromiso de justicia. Y le quedan solo 20 meses de mandato.
‘La prueba más clara, más nítida de que este gobierno está dispuesto a esclarecer los hechos del caso Ayotzinapa será la reactivación de las órdenes’.
Si entre octubre de 2014 y enero de 2015 la irritación fue masiva en las calles de México, acompañada en decenas de países por lo que llamaron “Acciones Globales por Ayotzinapa”, ahora sólo las manifestaciones de aniversario reúnen algunos millares de personas. Los eventos mensuales tienen un acompañamiento bastante menor aunque sirven para recordarle a la sociedad que lo que tanto la indignó, se mantiene vivo en la impunidad. Que sus demandas de verdad y justicia sólo han sido parcialmente cumplidas y que no debe rendirse.
Esta tarde de enero, las madres y los padres se ven tristes, resueltos a continuar la pelea, pero con un nuevo tipo de enfado. No es ya el de los abusados y perseguidos, sino el de los que reprochan una gran decepción. Su representante legal, Vidulfo Rosales, explica que “la posición es que la continuidad del diálogo, la reconstrucción de la confianza, pasan por la reactivación de estas órdenes de aprehensión que ellos cancelaron. La prueba más clara, más nítida de que este gobierno está dispuesto a esclarecer los hechos del caso Ayotzinapa será la reactivación de las órdenes”.
Detrás de los familiares, caminan contingentes de la nueva generación de estudiantes de Ayotzinapa y otras escuelas para maestros rurales. Tienen 17, 19, 21 años. Sus edades iban de los 9 a los 13 años cuando sus 43 compañeros fueron arrastrados a lo ignoto. La lucha se ha hecho añeja. Aunque lo de hoy no es un aniversario más, sí se siente como una fecha especial porque se cumplen 100 meses sin justicia. Cien meses que, para estos chicos, representan casi la mitad de sus vidas.
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Témoris Grecko es un politólogo, periodista y documentalista premiado que ha cubierto conflictos armados en todos los continentes y ha publicado siete libros de no ficción.
Alejandro Meléndez nació en la Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y fotografía en el Centro de Estudios Martianos de la Habana, Cuba. Es fotógrafo independiente, subdirector del portal Periodistas Unidos y miembro del colectivo FotorreporterosMx. Trabajó en los periódicos, El Financiero, La Jornada y Excélsior y el diario deportivo Récord.Trabajó también en las agencias Notimex, Clasos, AFP, Xinhua, Procesofoto y colaborador en las revistas musicales La Mosca, Rolling Stone, Grita Radio y el portal Me Hace Ruido. Ha escrito dos libros, Culturas Juveniles editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Luminiescencias por editorial Literal. Ganó el premio Gabriel García Márquez 2019 en la categoría de innovación por el reportaje colectivo "Mujeres en la Vitrina".